Como a Antonio Domingo Bussi, la justicia de Suiza incomodó al camionero Hugo Moyano, por su presunta vinculación con maniobras de lavado de dinero. Al primero, la revelación de la cuenta abiertas en el Banco de Credite Suisse le cayó pesadamente en febrero de 1998. No fue destituido de la gobernación, porque fracasó el juicio político que se le inició en marzo, pero el episodio contribuyó aún más a deteriorar su imagen. La fiscala Carla Del Ponte fue figura estelar de la investigación de entonces.

A Moyano, la acción automática del Ministerio Público Fiscal del estado helvético lo sobresaltó extremamente. Reaccionó amenazando con paralizar el país con una huelga del transporte, ante un requerimiento que puede desestabilizar su proyecto de poder.

El gremio camionero acusó a Del Ponte de conspirar contra su jefe político, porque fue embajadora de Suiza hasta su reemplazo por Johannes Matyassy. Por prudencia, cuando visitó Tucumán, ella se excusó de opinar sobre el caso de la cuenta de Bussi, para no interferir en la política argentina. Del Ponte, otra vez, en el centro de la discusión, ahora por los defensores de Moyano.

Como en 1998, es difícil admisión en la Argentina, que la justicia de un país extranjero decida hurgar en las finanzas de personajes aparentemente intocables, aun basándose en recortes periodísticos. Esa sensación de omnipotencia es la que impulsó la embestida contra la prensa y que obligó a la Casa Rosada a buscar una tregua.

La tremenda presión del aparato cegetista puso contra las cuerdas a la Presidente, que se vio obligada a un trabajoso armisticio. La defensa que se hace del líder camionero desde la Rosada, está destinada a preservar la estrategia aliancista que diseñó para octubre.

El plan reeleccionista de Cristina Fernández juega otra ficha importante en los comicios de Chubut, donde hoy puede quedar fortalecido el Peronismo Federal (PF) o consolidada la imagen presidencial. Si el PF pierde, avanzará la ofensiva cristinista, pero si sucede lo opuesto, la disidencia peronista se vigorizará. Es una elección que, como la de Catamarca, impactará en la nación política.

Disquisiciones
La caída de dos disposiciones claves de la Constitución reformada en 2006 detonó una serie de disquisiciones políticas y jurídicas de alto voltaje. Los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello -de la sala II del fuero contencioso administrativo-, en febrero de 2008, y el viernes fueron los verdugos del plan alperovichista. La tenacidad de Alejandro Sangenis y Rodolfo Burgos (Tres Banderas) precipitó este último desenlace.

En algún momento, el oficialismo intentó destituir a Novillo y Giovanniello, mediante un juicio político, pero desistió por la réplica opositora y el repudio social. Era una represalia por el contenido de sus fallos. La independencia de los jueces suscita roces con el poder político o sindical.

Novillo y Giovanniello, a consecuencia de su fallo de febrero de 2008, consiguieron que el Consejo de la Magistratura fuese finalmente creado por ley.

Perduró también la caída del mecanismo de reforma de la Constitución por enmiendas. Si esta cláusula se mantenía, la Legislatura adicta a Alperovich hubiera podido cambiar aspectos sustantivos de la Carta Magna por una ley, que luego el gobernador se encargaría de hacer aprobar por un referendo. En septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esas impugnaciones del tribunal inferior.

Anteayer, los jueces trabaron la conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP), que da mayoría absoluta al poder político -dos de los tres vocales son del riñón alperovichista-, y la posibilidad que tenían los candidatos de hacer campaña sin la obligación de pedir licencia a sus cargos.

Esta última cláusula beneficia netamente a todos quienes buscan la re-reelección, asunto en el que intervendrá la Corte Suprema de Justicia, porque los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, acogieron favorablemente el recurso de casación del radical Ariel García. Este pretende que se revise el fallo que no hizo lugar a la inconstitucionalidad de la re-reeleccion del gobernador.

La Casa de Gobierno usará también la vía de la casación para que anule el último fallo de Giovanniello y Novillo. Para el ciudadano común, es un laberinto procesal incomprensible o poco claro, pero que en el fondo implica conocer si José Alperovich tendrá más o menos poder del que tiene ahora. Si reformó la Constitución fue justamente para eso, y no para otra cosa. Ahora bien, lo que la política no construye, la Justicia no lo fabrica. Esta sólo verifica si no se erosionan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno.

El armado en tensión
La ingeniería electoral mantiene su tensión. En el oficialismo la inserción de dos ministros en la lista oficial del este causó revuelo en las filas peronistas. En algunos círculos ven que el efecto más directo será la liquidación política de José Alberto Cúneo Vergés por el despliegue de recursos que realizará el equipo de Osvaldo Jaldo. Jaldo y el senador Sergio Mansilla hacen su juego con la venia de la Casa de Gobierno.

El ministro Edmundo Jiménez prosigue adelante con su propuesta de ofertar figuras nuevas dentro de la órbita oficialista. Es consciente de que el elenco estable de la dirigencia institucional es blanco fácil para las operaciones de seducción de los operadores con mayores dotes financieras. La reafirmación de la postulación de Juan Luis Manzur a la vicegobernación tendió a disipar la ola de rumores que lo daba por caído del binomio del Frente de la Victoria.

No podemos competir con el poder económico del alperovichismo, confesó un dirigente que emigró hace tiempo del peronismo. La cristalización de una alianza que haga eje en el radicalismo se demora. Los desacuerdos internos en la UCR condicionan hasta ahora un mayor desarrollo político de la convergencia de diversas fuerzas opositoras. Tres Banderas y Cruzada Peronista esperan determinaciones que clarifiquen el rumbo de lo que fue el Acuerdo Cívico y Social hasta 2009. Muchas dudas y pocas certezas.

Ricardo Bussi, que se posiciona en una parcela del paisaje político diferente, está seguro de que captará el grueso del electorado que tradicionalmente supo seguir a Fuerza Republicana. Es una marca registrada de la política tucumana, reafirmó. De ese modo, ventila su objetivo de desplazar de la competencia cívica a Luis José Bussi, que fundó su propio partido. El ex senador basa su optimismo en los guarismos electorales de 2007 y 2009. A la Casa de Gobierno le conviene que le reste votos a la UCR.